Hablar sobre la responsabilidad ajena por daños sufridos (tanto si éstos son materiales como si son personales) implica hacer una necesaria referencia al concepto de culpa o negligencia, pues en ambos términos radica la base de esa responsabilidad.

Un comportamiento es negligente cuando quien lo llevó a cabo no actuó de la forma en que lo habría hecho una persona prudente y diligente, de forma ordinaria para esa misma situación. Y si de él se derivaran daños para otra persona, ello podría revestir ciertas repercusiones.

Veámoslo con un ejemplo: Luís conducía por ciudad a 110 kilómetros por hora y colisionó con otro vehículo a causa de su exceso de velocidad. En este caso, Luís actuó negligentemente, pues una persona prudente en la misma situación habría circulado a una velocidad adecuada para la situación, esto es, 50 kilómetros por hora (o menos, en caso de existir condiciones climáticas adversas o preverse para ese tramo otro límite menor).

       Las consecuencias de su actuación podrían ser las siguientes:

• Con toda probabilidad se demostraría su responsabilidad en el accidente, debiendo indemnizar a los ocupantes del otro vehículo por los daños materiales y personales soportados.
• Además, podría ser imputado por un Delito de Conducción Temeraria, por su exceso de velocidad. Y si alguno de los otros ocupantes hubiera fallecido, podría hacer frente a cargos por homicidio imprudente.
• Por último, se enfrentaría a sanciones administrativas por su actuación: multa y retirada de puntos del carnet de conducir.

» En particular, la responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados
Centrándonos ya en la reclamación por parte de la víctima de esa actuación ajena en la que medió culpa o negligencia, ésta tendría por objeto obtener una compensación económica (una indemnización) que compensara los daños soportados a causa de aquella.

Para sustentar una reclamación de este tipo ante un Tribunal, sería preciso que probara estos tres aspectos:

• Que el demandado tenía un cierto deber de actuar (o de no hacerlo) de una determinada manera. Todos tenemos el deber legal de actuar con prudencia al llevar a cabo actos en nuestra vida cotidiana, especialmente cuando con ellos podríamos causar posibles daños a otras personas.

Así, nadie puede verse exento del deber de cuidado en los actos de su vida cotidiana, y todos somos responsables de las posibles lesiones ocasionadas a otras personas si por una acción u omisión, éstas sufrieran daños.

Cuando hablamos sobre una omisión nos referimos a la no realización de una conducta debida. Por ejemplo, cuando el propietario de un inmueble no arregla su fachada, que se encuentra gravemente deteriorada y un elemento de la misma se desprende, lesionando a un transeúnte que pasaba por debajo.

• Que éste infringió dicho deber, con una cierta negligencia, sin razón alguna que pudiera exculparle frente a dicha infracción.

En términos jurídicos se habla del “cuidado de un buen padre de familia”. Con él se hace mención a una cierta precaución o estándar medio de cuidado que ha de imperar en todos nuestros actos y acciones, y que permitiría evitar (o al menos reducir a su mínima expresión) los daños sobre los demás.

• Que con ese acto u omisión dio lugar a un daño (material o personal) sufrido por un tercero. Esa persona que hubiera sufrido el daño debería probarlo, demostrando además que ella misma actuó con la diligencia debida, no llevando a cabo acto alguno que pudiera haber contribuido a los daños que ella sufrió.

En buena lógica, la cuantía de la compensación dependerá de la magnitud de los daños soportados por esa persona.